Hacienda receta pedagogía interna para frenar excesos de la inspección |
Nueve meses después de la aprobación del código de buenas prácticas tributarias, las empresas comienzan a elevar a público sus quejas sobre la —afirman— falta de permeabilidad de los inspectores a la filosofía de cooperación y confianza mutua que inspira el documento suscrito por la Agencia Tributaria y 27 grandes grupos en julio de 2010, que es extensible a todas aquellas firmas, con independencia del tamaño, que quieran adherirse. Hacienda reconoce a medias el problema. Aunque sostiene que los eventuales excesos de la inspección son residuales, sí asume que aún está por pulir ese "cambio de mentalidad" que la propia Agencia prometió cuando puso en marcha el código. Si el planteamiento es que en la Agencia Tributaria hay que realizar una "labor pedagógica para que el código cale" entre la inspección, "la respuesta es sí", reconocía ayer el subdirector general de Tributos, Antonio Montero, durante su participación en unas jornadas organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial. Máximo Suchowolski (diarionegocio.es) El 'número dos' de Tributos, que participó en el grupo de trabajo creado en la Agencia para la elaboración del código, asegura que los funcionarios están "interiorizando" ya las directrices del manual de buenas prácticas, incluso en sus relaciones con empresas que no lo han firmado aún. Sin embargo, advirtió también, "el código no es una norma jurídica, sino una declaración de intenciones" supeditada a las leyes, que exige el "compromiso" de ambas partes, empresa y administración. Ese pacto de buen entendimiento, apostilló Montero, "no es un contrato entre iguales". Los representantes de empresas que participaban como oyentes en las jornadas aceptaron el mensaje, pero pusieron sus pegas, basadas en la experiencia del día a día. En ocasiones, señalaba ayer una de las asistentes, "el inspector está de acuerdo con la empresa en la interpretación del caso, pero actúa en sentido contrario en previsión de que su superior vaya a forzarle a cambiar de criterio". A ninguno de los asistentes a las jornadas de ayer pareció sorprenderle la claridad con la que algunos asesores señalaban con el dedo acusador a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Barcelona, que va cobrando fama de agresiva con las empresas. Un asesor fiscal comentaba —supuestamente con conocimiento de causa—, que en la ciudad condal y, para más señas, en el sector de alimentación y bebidas, algunas compañías se están llegando a plantear un cambio de domicilio social a otra comunidad autónoma para refugiarse de ciertas actas de inspección que consideran dignas de todo un francotirador tributario. |
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