¿Son Deducibles Los Gastos Realizados en Vehículo Personal?

Deducibilidad en IVA e IRPF de los gastos ocasionados por desplazamientos realizados en vehículo personal de profesional que realiza su actividad.
CONSULTA VINCULANTE V4042-16. FECHA-SALIDA 22/09/2016
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 
           El consultante ejerce una actividad profesional. Para el desarrollo de la actividad tiene que desplazarse a las empresas y organizaciones para las que presta sus servicios. Estos desplazamientos los realiza, en la mayor parte de los casos, en su vehículo personal.

CUESTIÓN PLANTEADA: 
            Deducibilidad en el IVA y en el IRPF de los gastos ocasionados por los mencionados desplazamientos.
CONTESTACION-COMPLETA:
            1.- Impuesto sobre el Valor Añadido.
           Primero.- El apartado uno del artículo 78 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que:
           “Uno. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas.”.
           En particular, según el apartado dos, número 1º del mismo artículo, habrá de incluirse dentro del concepto de contraprestación:
           “1.º Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma.
           (…)”.
           No obstante, el apartado tres, número 3º del citado artículo 78, establece que no se incluirán en la base imponible “Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente en virtud de mandato expreso del mismo. El sujeto pasivo vendrá obligado a justificar la cuantía efectiva de tales gastos y no podrá proceder a la deducción del impuesto que eventualmente los hubiera gravado.”.
           Según diversas resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributos, entre otras, de fechas 1 de septiembre de 1986 (BOE de 10 de septiembre) y 24 de noviembre de 1986 (BOE de 16 de diciembre), para que tales sumas tengan la consideración de suplidos y no se integren en la base imponible de las operaciones realizadas por la empresa para el cliente en nombre y por cuenta del cual han sido satisfechos los correspondientes importes, deben concurrir todas las condiciones siguientes:
           1º. Tratarse de sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente. La realización del gasto en nombre y por cuenta del cliente deberá acreditarse ordinariamente mediante la correspondiente factura expedida a cargo del destinatario.
           2º. El pago de las referidas sumas debe hacerse en virtud de mandato expreso, verbal o escrito, del propio cliente por cuya cuenta se actúe.
           3º. La justificación de la cuantía efectiva de dichos gastos se realizará por los medios de prueba admisibles en Derecho.
           En consecuencia, en la actividad llevada a cabo por un profesional independiente para la entidad a que se refiere el escrito de consulta, la base imponible estará constituida por el importe total de la contraprestación percibida por el profesional, que se compondrá, entre otros elementos, de los honorarios y las dietas, las cuales supondrán un mayor importe de los servicios prestados a sus clientes por el consultante, en las condiciones señaladas en el escrito de consulta, con exclusión de aquellos importes que, de acuerdo con los criterios anteriormente enunciados, tengan la consideración de suplidos.
           Segundo: El derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido está regulado en el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992.
           En relación con la cuestión expresamente planteada en el escrito de consulta, relativa a la deducibilidad de los gastos de desplazamiento en vehículo propio y demás gastos relacionados con dicho desplazamiento, hay que señalar que el artículo 95 de la Ley 37/1992, establece lo siguiente:
           "Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.
           Dos. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros:
           1º. Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.
           2º. Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
           3º. Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
           4º. Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.
           5º. Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.
           Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:
           1ª. Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
           2ª. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por ciento.
           A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el Anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho Anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo "jeep".
           No obstante lo dispuesto en esta regla 2ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por cien:
           a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
           b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
           c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
           d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
           e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes agentes comerciales.
           f) Los utilizados en servicios de vigilancia.
           3ª. Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.
           La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley para la deducción y regularización de las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
           4ª. El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional.
           5ª. A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o profesional los bienes que se encuentren en los supuestos previstos en los números 3º y 4º del apartado dos de este artículo.
           Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho apartado:
           1º. Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes.
           2º. Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento.
           3º. Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje.
           4º. Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.".
           Tercero.- Por tanto, en cuanto a la utilización por el consultante de un vehículo para su actividad profesional, el señalado artículo 95 de la Ley 37/1992 establece, para los vehículos automóviles de turismo que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, una presunción legal de afectación de dichos vehículos a la citada actividad del 50 por ciento, salvo para los vehículos destinados a las finalidades previstas en el párrafo tercero de la regla 2ª del apartado tres de dicho artículo, en que dicha presunción es del 100 por cien.
           Independientemente de lo anterior, cuando se acredite un grado efectivo de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional diferente del previsto según la correspondiente presunción legal, procederá la regularización de las deducciones practicadas inicialmente sobre la base de la citada presunción. En todo caso, será necesario que dichos vehículos estén integrados en el patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, así como debidamente contabilizados e incluidos en los registros oficiales de la actividad desarrollada.
           Cuarto.- En relación con la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios (combustible, revisiones, reparaciones, peajes, etc.) directamente relacionados con bienes de inversión (vehículos), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de fecha 8 de marzo de 2001, Laszlo Bakcsi, recaída en el Asunto C-415/98, ha declarado que la afectación de un bien de inversión determina la aplicación del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido al propio bien y no a los bienes y servicios utilizados para su explotación y su mantenimiento. El derecho a deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava dichos bienes y servicios constituye una cuestión aparte del ámbito de aplicación del artículo 17 de la Sexta Directiva. El citado derecho depende, en particular, de la relación entre dichos bienes y servicios y las operaciones gravadas del sujeto pasivo.
           De lo anterior cabe concluir que los requisitos exigidos legalmente para la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios directamente relacionados con bienes de inversión deben concurrir respecto de dicha adquisición en particular y su relación con la actividad desarrollada por el sujeto pasivo, con independencia de que esté relacionada directamente con un bien afecto exclusiva y directamente a la citada actividad.
           Por consiguiente, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de combustible o por las reparaciones o revisiones a que se someta el vehículo debe desvincularse del aplicable a la propia adquisición del mismo.
           En este sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 37/1992 anteriormente transcrito, y en especial sus apartados uno y tres, se puede concluir señalando que, en particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.
           En cualquier caso, la afectación del combustible y el resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
           Quinto.- En consecuencia, las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por el consultante por la adquisición de un vehículo automóvil podrán ser objeto de deducción en un 50 por ciento, conforme a lo previsto en el artículo 95, apartado tres, regla 2ª de la Ley 37/92, cuando el consultante afecte el citado vehículo a su actividad profesional.
           No obstante, como hemos indicado anteriormente, cuando se acredite por dicho empresario o profesional un grado efectivo de utilización de dicho vehículo en el desarrollo de su actividad diferente del que se haya aplicado inicialmente, la deducción practicada deberá regularizarse conforme a lo previsto en la regla 3ª del apartado tres del citado artículo 95 de la Ley del Impuesto.
           Igualmente, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.
           En todo caso, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición del vehículo objeto de la consulta, deberá ajustarse, sea cual sea el grado de afectación de los bienes señalados a la actividad empresarial del consultante, a las restantes condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de la mencionada Ley 37/1992, y especialmente a la señalada en su artículo 97, apartado uno, número 1º, por la que el consultante deberá estar en posesión de la factura original emitida a su favor por quien realice la entrega o le preste el servicio.
           Por último, habrá que tener en cuenta que las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido solo serán deducibles en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
           2.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
           La deducción de cualquier gasto relativo al vehículo al que hace referencia en su escrito de consulta exigiría que este tuviese la consideración de elemento patrimonial afecto a la actividad económica desarrollada por la consultante.
           A estos efectos, el artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en adelante RIRPF, regula los elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, estableciendo que:
           “1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica desarrollada por el contribuyente, con independencia de que su titularidad, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges, los siguientes:
           a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad.
           b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad.
           c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos.
           En ningún caso tendrán la consideración de elementos afectos a una actividad económica los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros y los destinados al uso particular del titular de la actividad, como los de esparcimiento y recreo.
           2. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica aquéllos que el contribuyente utilice para los fines de la misma.
           No se entenderán afectados:
           1º Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
           2º Aquéllos que, siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica que esté obligado a llevar el contribuyente, salvo prueba en contrario.
           3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.
           4. Se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente en días u horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad.
           Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los siguientes supuestos:
           a) Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías.
           b) Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
           c) Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
           d) Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
           e) Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.
           A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el Anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho Anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo “jeep”.”.
           De acuerdo con este precepto, el vehículo turismo en el que se realizan los desplazamientos objeto de consulta se entenderá afectado a la actividad económica desarrollada por la consultante cuando se utilice exclusivamente en la misma, dado que dicha actividad no se encuentra entre las excepciones contempladas en el apartado 4 anteriormente citado.
           En el caso de utilización exclusiva del vehículo en la actividad, cuestión de hecho que deberá ser, en su caso, objeto de valoración por los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria, podrán deducirse para la determinación del rendimiento neto de la actividad tanto la amortización del vehículo, como los gastos derivados de su utilización (reparaciones, carburante, seguro, etc.,).
           En el caso de que la utilización del vehículo en la actividad no fuese exclusiva, es decir, que también fuese utilizado para otros fines, el mismo no tendrá la consideración de afecto a la actividad económica, no siendo deducibles en la determinación del rendimiento neto ni las amortizaciones, ni los mencionados gastos derivados de su utilización.
           Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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El modelo 390 No Interrumpe la Prescripción del IVA

Hacienda tendrá menos tiempo para investigar el IVA.
El TEAC determina que la declaración anual no interrumpe la prescripción de las liquidaciones mensuales y trimestrales.

E. Ruiz-Hidalgo (invertia.com)

Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) publicada en septiembre ha determinado que la declaración anual del IVA no tiene efectos sobre el plazo de prescripción de las liquidaciones mensuales o trimestrales del impuesto. La decisión contradice un polémico criterio mantenido por el Supremo desde 2009 e implica que el plazo de Hacienda para investigar el impuesto se reduce.

Para los expertos, la resolución del TEAC supone un regreso a la normalidad. La Ley General Tributaria fija en cuatro años los plazos de prescripción y el derecho de la Administración a exigir deudas fiscales, realizar comprobaciones e imponer sanciones. En materia de IVA, el criterio tradicional sostenía que el cómputo de los cuatro años se iniciaba en el momento en que se exigía la presentación de la declaración mensual o trimestral. Sin embargo, diversas sentencias del Supremo cambiaron esa interpretación a partir de 2009 al señalar que la declaración anual del IVA –en la que las empresas presentan en enero los datos del ejercicio anterior– interrumpía la prescripción de las liquidaciones mensuales o trimestrales. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, recuerda que la decisión del Supremo supuso que Hacienda obtuviera prácticamente un año adicional para investigar a los contribuyentes.
Ello es así porque una factura emitida en enero se incluye en la declaración mensual que concluye el 20 de febrero (o 20 de abril si se presenta trimestralmente) y a partir de esa fecha se inicia el plazo de cómputo de la prescripción. La sentencia del Supremo supuso que el período de cuatro años se renovaba el 30 de enero del ejercicio siguiente al presentar la declaración anual del IVA.

El cambio del Alto Tribunal generó polémica y críticas de los expertos fiscales, que recordaron que el modelo 390 de resumen anual del IVA supone una declaración con carácter informativo. Es decir, las empresas no liquidan el impuesto ni realizan pago alguno, simplemente informan a la Agencia Tributaria de la actividad en el año precedente. De hecho, si una empresa ha cometido un error en la declaración mensual o trimestral, no lo puede subsanar al presentar el formulario de resumen anual, lo que refuerza su carácter meramente informativo.

El TEAC, en una reciente resolución, se alinea con las tesis de los profesionales tributarios, contradice el criterio del Supremo y sostiene que la declaración de resumen anual del IVA no interrumpe la prescripción. Así, la Agencia Tributaria ya no tendrá un plazo adicional para comprobar, investigar o sancionar a los sujetos pasivos del IVA. La decisión del TEAC vincula a la Administración y, por lo tanto, deberá ser seguida por los órganos de la Agencia Tributaria. Por otra parte, Salcedo señala que los contribuyentes podrán invocar la resolución para alegar la prescripción de las comprobaciones realizadas dentro del plazo adicional concedido por el Supremo.

En la sentencia del Alto Tribunal de 2009 se daba mucha importancia a que en la declaración resumen del IVA se tuviera que incluir las autoliquidaciones de todo el ejercicio, una obligación que actualmente ya no se exige. Ello refuerza todavía más el criterio utilizado por el TEAC.

El tributo que genera mayores costes de gestión

El IVA es un impuesto que paga el consumidor final, sin embargo, la gestión e ingreso en las arcas de la Agencia Tributaria recae sobre las empresas. De hecho, es el tributo que genera mayor papeleo y quebraderos para las sociedades. Un estudio de PwC publicado en febrero señala que las empresas destinan al año unas 35 horas en cumplir las obligaciones administrativas ligadas al IVA. Solo las cotizaciones sociales exigen más dedicación. Aun así, la gestión del principal impuesto indirecto se ha agilizado en los últimos ejercicios. En 2013, los trámites del IVA suponían un coste en tiempo de 44 horas semanales. El informe de PwC destaca que España es uno de los países que más ha evolucionado en el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito fiscal, lo que ha reducido el tiempo que las empresas destinan a las obligaciones fiscales.

La tecnología también estaba detrás del que estaba llamado, según la Agencia Tributaria, a ser el proyecto más revolucionario en la gestión del IVA desde que se introdujo el impuesto en 1986. La previsión de Hacienda era que el 1 de enero del próximo año entrara en vigor el bautizado como programa SII (Suministro Inmediato de Información). Se trataba de un proyecto que debía exigir que las grandes empresas y compañías incluidas en el régimen de devolución mensual del IVA a informaran en tiempo casi real de las facturas emitidas y recibidas. La Agencia Tributaria anunció en 2014 el proyecto SII, sin embargo, el borrador de real decreto que debía desarrollar el modelo quedó en eso, en un mero borrador que no vio la luz en el plazo. La parálisis política hace totalmente inviable que el Suministro de Información Inmediato se aplique, como estaba previsto, en 2017
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GesproeM Os Desea Feliz Navidad y Próspero 2016

El equipo de GesproeM, os deseamos que la magia de la Navidad os ilumine y os ayude a conseguir todos vuestros sueños en 2016. ¡Feliz Navidad!

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¿Se puede Facturar Sin Ser Autónomo?


¿Es legal facturar sin ser autónomo?
Esta es una de las preguntas estrella para los emprendedores españoles. En 2015, la cuota de autónomo a la Seguridad Social cuesta, como mínimo, 264,44 euros al mes. Una cantidad que se mantiene intacta independientemente del nivel de ingresos que se obtengan. De ahí, que muchos se planteen si realmente les sale a cuenta o no darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Por Nuria Molina (infoautonomos.eleconomista.es)

Hablamos, por ejemplo, de emprendedores que acaban de lanzarse a crear su negocio y apenas facturan, de estudiantes que deciden dar clases particulares para ganar un dinero extra de forma puntual o de trabajadores por cuenta ajena con una segunda actividad por cuenta propia (conferenciantes, presentadores, etc.). Es decir, de personas que no ganan suficiente como para vivir de ese trabajo.

A menudo esta cuestión de facturar sin ser autónomo genera confusión entre los interesados, ya que son muchos los portales en internet que afirman con un sí rotundo la legalidad de esta práctica. Sin embargo, la realidad es bien diferente. La Seguridad Social obliga a estar dado de alta para facturar cualquier trabajo. Dicho esto, hay determinados supuestos en los que es posible hacerlo sin ser autónomo debido a la existencia de un vacío legal, aunque hay que tener en cuenta que conlleva sus riesgos.

¿Cuándo es posible facturar sin ser autónomo?

La normativa establece que las personas que realicen una actividad económica a título lucrativo de forma habitual, personal y directa, sin tener un contrato de trabajo, deben darse de alta en el RETA. Pero ¿qué se considera habitual? Por ilógico que resulte, para la Seguridad Social parece ser que no hay diferencia entre alguien que da clases particulares los fines de semana y alguien que dedica 40 horas semanales a su negocio.

No obstante, con el paso del tiempo, esto se ha convertido en una laguna normativa que alimenta la economía sumergida y que ha llevado a sanciones. En algunas ocasiones, los jueces han dado la razón a los trabajadores que han recurrido. Concretamente, cuando estos han podido demostrar que sus ingresos eran inferiores al salario mínimo interprofesional(9080,40 euros anuales).

A raíz de esta jurisprudencia, hay quiénes afirman que facturar sin ser autónomo cuando no se alcanzan esos ingresos mínimos (no lo confundamos con beneficios) es legal. Pero, como decimos, lo que hay realmente es un cierto laissez faire o dejar hacer por parte de la Administración y la Inspección de Trabajo. De modo que, aunque el riesgo de sanción sea bajo, existe.

Obligaciones con Hacienda

Hay que tener en cuenta que, para emitir una factura de forma legal, no solo hay que cumplir con las obligaciones de la Seguridad Social, sino también con Hacienda. Respecto a esta polémica, el organismo tributario solía permanecer al margen en cierto modo. Aun así, en los últimos tiempos la comunicación entre los dos organismos ha mejorado y cada vez están más integrados.

El alta en Hacienda no tiene coste. Lo que debemos hacer es declarar los ingresos obtenidos por IVA e IRPF en nuestra actividad presentando los modelos 036 y 037. De lo contrario, estaremos apropiándonos indebidamente de esos impuestos. Además, las empresas con las que hemos trabajado declararán sus operaciones, por lo que si nosotros no lo hiciésemos Hacienda se daría cuenta fácilmente.

¿Cuál es la solución?

Es recomendable evitar a toda costa trabajar “en negro”. Con la economía sumergida corremos el riesgo de ser localizados o de que alguien nos denuncie y, por tanto, debamos pagar una cuantiosa sanción. En concreto, todas las cuotas pendientes desde que empezamos a ejercer la actividad, con un 20% de recargo más los intereses y sin la posibilidad de acogernos a ninguna bonificación.

Si trabajamos en casa, por ejemplo dando clases particulares, es más complicado que “nos pillen”, pero no imposible. Por eso, aconsejamos pensarse muy bien ser autónomo, aunque los ingresos sean bajos. Por parte de la Administración, queda claro que una cuota de la Seguridad Social progresiva reduciría este tipo de prácticas. Sin embargo, mientras la situación se mantenga como hasta ahora, lo más recomendable es darse de alta en el RETA o negociar un contrato laboral, en el caso de que trabajamos para un único cliente.
Si nos decidimos por ser autónomos, antes de nada hay que analizar las ayudas a las que podemos acogernos. Hoy en día, todos los que se hagan emprendedores por primera vez pueden beneficiarse de la tarifa plana de la Seguridad Social, que fija en 50 euros los primeros 6 meses, con un incremento progresivo hasta llegar a los 264,44 euros. A ello hay que añadir la posibilidad de compatibilizar el paro con el trabajo como autónomo, algo que antes no estaba permitido. Otro consejo es investigar acerca de las subvenciones que se ajustan a nuestro perfil.

En el caso de que estas opciones no encajen con nuestra actividad, podemos decidirnos por alguna de las siguientes:

Facturar solo algunos meses.

Esta es una alternativa para aquellas personas que ya hayan sido autónomas previamente y que, por tanto, no puedan acogerse a la tarifa plana. Consiste en concentrar todas las facturas pendientes en unos meses o días y después darse de baja. En este sentido, es importante no superar los ingresos mínimos, ponerse de acuerdo con el cliente y utilizar conceptos genéricos en las facturas que no hagan referencia a fechas concretas.

Recurrir a un tercero que facture por nosotros.

Puede ser un favor entre amigos u optar por una cooperativa de facturación. Este tipo de empresas está creciendo debido a casos como estos. Para beneficiarse es necesario pagar unos gastos de gestión y los impuestos, pero cuando se facturan cantidades bajas suele resultar más económico que el alta en la Seguridad Social.

Hasta hace un tiempo, darse de alta solo en Hacienda también era una alternativa posible. De este modo, se cumplía con la mitad de las obligaciones, pagando el IVA y el IRPF correspondiente. No obstante, hoy en día, como hemos comentado anteriormente, ambos organismos están mejor comunicados y es fácil que seamos descubiertos. Si esto ocurre, el habernos registrado en Hacienda no nos librará de la sanción. De hecho, según la legislación el plazo máximo para regularizar la situación laboral desde el alta en el IAE es de solo 30 días
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30 Días Sin Notificaciones de Hacienda para los Autonomos

A partir de ahora, los profesionales autónomos pueden elegir 30 días naturales cada año para no recibir notificaciones de la Dirección Electrónica Habilitada (DEH). Esta entidad es la encargada de notificar por vía electrónica los actos o resoluciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Aunque en el caso del colectivo de autónomos estos envíos son de carácter voluntario, la habilitación para cada contribuyente se lleva a cabo a través de un buzón, mediante el cual tiene acceso a dichas notificaciones.

En concreto, la Agencia Tributaria se encarga de notificar por carta a los obligados a recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas su inclusión de oficio. En ellas se lleva a cabo la asignación de una DEH, que en los supuestos de nuevas altas en el Censo de Obligados Tributarios se podrá realizar junto a la comunicación de asignación del NIF definitivo.

En lo que respecta a los efectos de la notificación en la DEH, estos se producen en el momento del acceso al contenido del acto notificado. En el caso de que este no se efectúa, la notificación se llevará a cabo por el transcurso del plazo de diez días naturales desde su puesta a disposición en dicha dirección electrónica.

La misma normativa establece además que los autónomos y entidades obligadas podrán elegir treinta días sin recibir ningún tipo de notificación. La intención es que pueda habilitarse un periodo de vacaciones en donde no se de por informada a la entidad, cuando pasen los diez días reglamentarios. Dicho de otro modo, si la persona o personas responsables de actuar en caso de notificación están de vacaciones, no se pase el plazo de acción o respuesta a dicha notificación enviada por la Agencia Tributaria, y que puede estar relacionada con inspecciones o requerimientos especiales sobre tributación y libros de cuentas.

Recomendaciones

Una vez que haya transcurrido ese plazo (diez días desde el envío de la nota informativa), la administración informa de que la notificación se entiende practicada, motivo por el cual así constará en el buzón electrónico. En este sentido, se recomienda a los autónomos y empresas entrar en la DEH periódicamente paracomprobar si se tienen pendientes notificaciones.

Así, y para evitar que finalice la posibilidad de atender dichas comunicaciones, el plazo mínimo con el que contarán será de 10 días naturales. En paralelo, desde la Agencia Tributaria también informan que todas las comunicaciones y notificaciones estarán 90 días naturales en el buzón de la DEH, periodo durante el cual, si han sido leídas, se podrá visualizar por completo su contenido. Una vez que este finalice, no obstante, solo se podrán consultar en sede electrónica.
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Nuevas Claves A02 y B02 en el Modelo 190

La Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre (por la que se modifican la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido), introdujo en relación con el modelo 190 y las claves de percepción “A” y “B”, las siguientes modificaciones:

Se crean, en el caso de la clave A, dos subclaves para diferenciar las prestaciones por incapacidad laboral transitoria abonadas directamente por el empleador (subclave 02), del resto de retribuciones consignadas con la clave A (subclave 01).

En consecuencia, se cumplimentará la subclave 02 en el caso de prestaciones por incapacidad laboral transitoria abonadas directamente por el empleador en virtud de colaboración en la gestión con la Seguridad Social, ya sea esta colaboración de carácter obligatorio o voluntario.

También se incluirán en esta subclave las prestaciones por incapacidad laboral transitoria abonadas por la empresa correspondientes al pago entre el 4º y el 15º día de la baja, en los casos de enfermedad común o accidente no laboral.

Se introduce una nueva subclave dentro de las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave B, para diferenciar las percepciones en concepto de incapacidad laboral transitoria abonadas por la Seguridad Social o Mutua que la sustituya, de las demás percepciones que se incluyen en esta clave.

En consecuencia, se cumplimentará esta subclave 02 cuando se trate de prestaciones por incapacidad laboral transitoria satisfechas por el INSS o la mutua colaboradora con la Seguridad Social, cuando dichas entidades sean responsables del pago directo.

Puede consultar las preguntas frecuentes en relación con estas claves y subclaves en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en Internet, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
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Mejoras para los autónomos. Novedades de la ley 31/2015

Mejoras para los autónomos. Novedades de la ley 31/2015
Según los últimos datos, el año 2015 empezó con 3.125.806 trabajadores autónomos, el 18,5% del total de trabajadores. Después de la caída del número de trabajadores por cuenta propia entre los años 2008 y 2012, desde hace 3 años el número de autónomos ha vuelto a aumentar paulatinamente.
Con esta nueva Ley 31/2015 (pdf) el Gobierno pretende apoyar y mejorar las condiciones de los autónomos, como forma directa o indirecta de crear empleo. Asimismo se pretende ayuda a la economía social, debido a la estabilidad y calidad del empleo que esta crea.
Esta ley introduce numerosos cambios y modificaciones de normas actuales, entrando en vigor todas estas variaciones el 10 de octubre de 2015.
Ampliación de la tarifa plana para autónomos
Se fija la tarifa plana (+info) en 50 euros los primeros 6 meses, ya que hasta ahora era de 53,24 euros
Se puede elegir en estos primeros 6 meses una base de cotización superior, y entonces se tiene una reducción del 80% de la cuota.
Los siguientes meses la reducción queda fijada en:
El 50% del mes 6 al 12
El 30% del mes 12 al 15
El 30% del mes 16 al 18.
Además los trabajadores menores de 30 años y las trabajadoras menores de 35 años, que no hayan sido autónomos en los 5 años anteriores, tienen una bonificación adicional del 30% en la cuota por contingencias comunes durante los 12 meses siguientes a la tarifa plana. Esta bonificación durará 30 meses.
La tarifa plana también será aplicable para socios de sociedades laborales y los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
Se posibilita al autónomo acogido a la tarifa plana a contratar a un trabajador por cuenta
ajena.

Más opciones y facilidades para pedir la capitalización del paro
La posibilidad de capitalizar la prestación en un único pago se amplía a todos los grupos de edad.
Se puede capitalizar el paro (+info) destinando toda la prestación por desempleo (el 100%) para la inversión inicial, eliminándose el límite de edad que hasta ahora limitaba esta posibilidad. 

Seguir cobrando el paro y darse de alta en autónomos, más fácil.
Todos los autónomos podrán compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el
Régimen de Autónomos durante un periodo máximo de nueve meses
Se elimina el límite de edad y todo autónomo podrá compatibilizar el paro con los primeros 270 días de actividad (+ info)
Pero si se está compatibilizando no se podrá además trabajar por cuenta ajena.
Mientras se compatibilice no se tendrán que cumplir las obligaciones como demandante de
empleo 
No se podrá pedir la compatibilización si el último empleo es por cuenta propia, quienes ya hayan pedido el pago único en los 24 meses anteriores, o quienes contraten como autónomos con la empresa para la que trabaja por cuenta ajena, o alguna empresa del grupo.

Guardar el paro para darse de alta como autónomo
Se amplía el periodo durante el que se podrá detener el cobro del paro iniciar una actividad como autónomo, hasta los cinco años, sin importar la edad. Si al cabo de lo cinco años la actividad como autónomo no ha salido bien y hay que darse de baja, se podrá recuperar el paro.
Hasta ahora el tiempo máximo en que se podía mantener suspendida la prestación era de dos años.
Si cese la actividad pasados los primeros 24 meses, habrá que acreditar que se cesa la actividad por motivos económicos, técnicos, productivos, organizativos, por fuerza mayor, por perder la licencia administrativa, por violencia de género, por divorcio o separación, por cese involuntario como cargo o administrador dela sociedad, o por pérdida del cliente principal si se es TRADE.
Si después de la actividad se puede pedir la prestación por cese de actividad, se tiene que elegir entre el paro suspendido y la prestación por cese. Si se elige el paro, no se podrán utilizar las cotizaciones hechas para pedir en un futuro el cese de actividad.

Creación del pago único de la prestación por cese de actividad
Antes únicamente se podía capitalizar la prestación por desempleo, pero ahora también se podrá capitalizar la prestación por cese de actividad de los autónomos.
Pago único para iniciar una nueva actividad por cuenta propia
Se podrá utilizar el 100% de la prestación para la aportación del capital social en una entidad mercantil de nueva creación o creada en el último año
Tiene que pedirse antes de incorporarse a la entidad o de iniciar la actividad

Mejoras para los TRADE
Autorización para que los Trabajadores autónomos económicamente dependientes (+ info)
contraten a un trabajador por cuenta ajena para la conciliación de la vida profesional y familiar, como forma de evitar la pérdida de contratos con clientes 
Los TRADE tendrán que estar en la situación de maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante lactancia natural, estar al cuidado de menores de 7 años a su cargo, tener a cargo un familiar hasta 2º grado dependiente o con una discapacidad de al menos un 33%
Podrán contratar generalmente a un solo trabajador por cuenta ajena para cubrir la falta de
actividad por estar en esas situaciones 
La jornada por la que se le contrate no podrá ser superior al 75%
La duración del contrato será por el tiempo que dure la situación y con un máximo de 12 meses
Entre la contratación de un trabajador y otro tienen que pasar al menos 12 meses (salvo si es por maternidad, paternidad o riesgo en el embarazo o lactancia natural)
El cliente ya no puede romper el contrato por la suspensión de la actividad del TRADE en algunos de estos casos si se ha contratado a un trabajador para cubrir esa actividad.
Aumento de los casos en los que un TRADE puede suspender su actividad, pudiendo hacerlo ahora también por una situación de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia.

Nuevas reducciones y bonificaciones de la Seguridad Social
Se modifican las bonificaciones y reducciones(+info):
Para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo
que se hagan autónomos:
Primer año: cuota de 50 euros al mes o reducción del 80% si se opta por una base de
cotización superior.
Posteriormente: bonificación del 50% durante 48meses
Es necesario que no se haya sido autónomo en los 5 años anteriores, y que sea un alta inicial como autónomo.
Se puede contratar trabajadores por cuenta ajena una vez iniciada la actividad.
Para las altas como autónomos colaboradores de los cónyuges y familiares hasta 2º grado
que colaboren en la actividad:
Bonificación del 50% durante 18 meses, y del 25% los siguientes 6 meses
No habrán podido estar de alta como autónomos en los 5 años anteriores.
Para autónomos de Ceuta y Melilla:
De algunos sectores como la agricultura, pesca, acuicultura, algunas industrias, comercio,
turismo, hostelería, construcción…
Bonificación del 50% de las cuotas por contingencias comunes.
Para personas familiares del explotador agrario incorporadas a la actividad como autónomos:
Que sean cónyuges o descendientes del explotador agrario
Reducción del 30% durante 5 años.
La reducción es incompatible con otras reducciones.
Para la contratación de trabajadores interinos durante la suspensión de la actividad como autónomo:
La suspensión tendrá que ser por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o lactancia natural y paternidad.
Bonificación del 100% mientras dure la suspensión.
Para la incentivación de la contratación de personas con menor índice de acceso al mercado laboral, y contratación de personas en situación de exclusión social por empresas de inserción:
Bonificación durante 3 años de 800 euros al año
En el caso trabajadores menores de 30 o 35 si se tiene una discapacidad, el primer año será de 1.650 euros.
Tendrá que incorporarse como socio trabajador a un desempleado.
 
Impulso a las empresas de inserción social
Se permite la reserva de la participación a empresas de inserción y centros especiales de empleo en procedimientos de contratación pública y se amplía el tope de subvenciones públicas que pueden recibir.
Todas estas medidas aprobadas en la ley 31/2015 entran en vigor a partir del 10 de octubre. Las previsiones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social estiman que con el impulso de las medidas de fomento del autoempleo, la afiliación de autónomos pueda crecer en 550.000 personas hasta 2019.
Una información de Jorge Danés -abogado laboralista- y Oscar de las Heras (@oscardelas) para citapreviainem.es 
 
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Como recuperar el IVA de los Clientes Morosos Tras la Reforma Fiscal

Recuperación del IVA de los clientes morosos tras la reforma fiscal. 



Desde Supercontable hemos abordado en diversas ocasiones la problemática de la modificación de la base imponible del IVA en los supuestos de concurso de acreedores o créditos incobrables.


En este Comentario volvemos a abordarla incorporando las ultimas novedades derivadas de la aprobación la Ley 28/2014, de 27 de Noviembre, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como se detallará en los siguientes apartados.


Como hemos señalado en otras ocasiones, aún cuando el perjuicio que conlleva la morosidad comercial es altamente considerado por las empresas, aquellas que tienen la fortuna de poder situarse en la posición acreedora, deben adoptar todas las medidas y recursos a su alcance para garantizar el cobro de sus créditos y, en caso de que ello no sea posible, deben conocer los mecanismos de que disponen para minorar, en la manera de lo posible, los efectos de los impagos.


Uno de esos mecanismos es, obviamente, la recuperación del IVA de los clientes morosos, pero es lo cierto que existen dudas en cuanto a la posibilidad de recuperar las cuotas repercutidas de los clientes morosos.


En este sentido, en este apartado intentaremos dar una guía básica sobre los requisitos y "modus operandi" para poder compensar estas cuotas de IVA repercutido, en algunos casos ya ingresado en la administración tributaria, pero no cobrado al cliente moroso.


Esta posibilidad está prevista en el Artículo 80 de la Ley del IVA, para dos casos concretos: 


Clientes morosos con deudas reclamadas al deudor judicialmente o por medio de requerimiento notarial (Art. 80.4 LIVA). 


Clientes morosos en situación de concurso de acreedores (suspensión de pagos o quiebra) (Art. 80.3 LIVA). 


Son el mencionado Artículo 80 y el Artículo 24 del Reglamento del impuesto los que establecen los requisitos para modificar la base imponible del impuesto en caso de que el cliente moroso no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas.


Y en este sentido, hemos incorporado las ultimas novedades vienen dadas por la aprobación de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como se detallará en los siguientes apartados.


Deudor en Concurso de Acreedores


En el caso de que nuestro deudor se encuentre en situación de Concurso de Acreedores, debemos acudir al apartado 3 del Art. 80 de la Ley del IVA, que señala que "La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo de dos meses contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el número 5.º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal".


Dicho precepto establece que "El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23".


Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1.º, 4.º y 5.º de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.


Es decir, con la reforma de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, en caso de que el deudor se encuentre en concurso, el plazo para poder realizar la modificación de la base imponible se amplía en la práctica de 1 a 3 meses.


La rectificación de deducciones como consecuencia de la modificación de la base imponible prevista en el artículo 80.Tres con la declaración de concurso del destinatario de la operación, deberá realizarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció la deducción. (Artículo 114.Dos.2º, párrafo segundo).


Deudor que NO se encuentra en situación de Concurso de Acreedores


Y en el caso de clientes morosos que no se encuentren en situación de Concurso de Acreedores, el requisito para poder modificar la base imponible, conforme al Art. 80, apartado 4º, de la Ley del IVA es que el crédito resulte total o parcialmente incobrable. Esto ocurrirá cuando se den las siguientes condiciones:


- Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.


No obstante, y cuándo el titular del derecho de crédito sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no hubiera excedido durante el año natural inmediatamente anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo mencionado en el párrafo anterior podrá ser de seis meses o un año.


Es decir, en el caso de créditos incobrables, los empresarios que sean considerados pyme podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo de 6 meses como se venía exigiendo antes de la reforma o podrán esperar al plazo general de 1 año que se exige para el resto de empresarios. Gráficamente, en este caso, podría mostrarse en los términos:
esquema plazos


Si resulta significativo resaltar, que con la reforma introducida por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, si el sujeto pasivo elige la opción de modificar la base imponible una vez transcurridos los 6 primeros meses, dispondrá de los meses 7º, 8º y 9ºpara modificar la base imponible; por contra, si su decisión es modificar la base una vez pasados los 12 primeros meses, dispondrá de los meses 13º, 14º y 15º para ello, quedándonos los meses 10º, 11º y 12º tras el devengo de la operación, como meses donde no puede producirse la modificación de la base imponible.


Y cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.


Asimismo, en el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja esta condición se entenderá cumplida en la fecha de devengo del impuesto que se produzca por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies de esta Ley.


No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado será necesario que haya transcurrido el plazo de seis meses o un año a que se refiere esta regla, desde el vencimiento del plazo o plazos correspondientes hasta la fecha de devengo de la operación.


Es decir, respecto a las operaciones en régimen especial del criterio de caja, con la Ley 28/2014, de 27 de Noviembre, se introduce una regla especial para declarar un crédito incobrable, de tal manera que se permite la modificación de la base imponible cuando se produzca el devengo de dicho régimen especial por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación, sin tener que esperar a un nuevo transcurso del plazo de 6 meses o 1 año que marca la normativa a computar desde el devengo del impuesto. 


Que la factura, o documento sustitutivo, impagada esté registrada en los libros fiscales y contables legalmente exigibles para este Impuesto. 


Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 


Que el sujeto pasivo haya instado su cobro al deudor mediante reclamación judicial o por medio de requerimiento notarial, incluso aunque se trate de créditos afianzados por Entes públicos. 


Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.


Con carácter general, y a salvo de alguna excepción, no se podrá modificar la base imponible cuando, en general, el crédito esté especialmente garantizado (Art. 80.5 de la Ley del IVA).


Así, en determinados casos, por la propia naturaleza de la operación, al no suponer un impago cierto y definitivo (es decir, en el fondo no son incobrables) no procederá la solicitud de devolución del impuesto ni, consecuentemente, la modificación de las facturas. Nos encontramos en supuestos tales como: 


Créditos garantizados o afianzados. 


Créditos entre entidades o personas vinculadas. 


Cuando el destinatario de la operación esté establecido fuera del territorio de aplicación del impuesto, Ceuta, Melilla o Canarias. 


Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada. 


Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada. 


Y por lo que se refiere a las operaciones a plazo, bastará con instar el cobro de uno de los plazos para que el crédito se considere incobrable y la base imponible pueda reducirse en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados.


Procedimiento para recuperar el IVA


Los pasos que habrían de darse para recuperar las cuotas de IVA repercutido de las facturas emitidas y no cobradas serían:


Paso 1.- Que se de la situación de crédito incobrable. El crédito será considerado incobrable cuando: 


En caso de que el moroso se encuentre en situación de Concurso, que se haya dictado auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto. 


En caso de que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables pero la empresa no éste declarada en Concurso habrá que efectuarse la Reclamación judicial o por medio de requerimiento notarial. 


Esta reclamación judicial se realizará a través del procedimiento monitorio común, pudiendo reclamarse por este procedimiento la deuda dineraria cualquier importe, que sea líquida, determinada, vencida y exigible. Para el procedimiento monitorio indicado basta simplemente con acompañar a la reclamación la factura impagada, con un albarán, etc... y eso sería suficiente a efectos formales. No hay necesidad de abogado ni procurador, sino que basta con presentar un escrito o formulario en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor si es que se conociera; en caso contrario en el del lugar donde pudiera ser hallado por el tribunal.


Para el requerimiento notarial es suficiente con acudir a la Notaria y manifestar quién nos debe y acreditarle al Notario el origen y existencia de la deuda y él se ocupará de cumplimentar el trámite requiriendo de pago al deudor.


Pero lo realmente interesante es el hecho que no se exige acreditar si la reclamación judicial fue en su día estimada mediante sentencia firme, por lo que cabe la posibilidad que el deudor se allane y pague la deuda reclamada en la demanda o incluso que la misma sea desestimada e igualmente el acreedor pueda solicitar la devolución del IVA ante la administración tributaria. Así, parece claro que en todos los casos de impago, interesará siempre presentar demanda judicial, o al menos requerimiento notarial, y ello con perspectivas a adquirir en el futuro, el derecho a solicitar de la administración, el IVA legalmente recuperable.


Paso 2º.- Emisión de factura rectificativa.


En ambos casos, es decir, haya concurso o no lo haya, la modificación de la base imponible debe realizarse en plazo. 


Si el deudor no está en Concurso, una vez ha pasado un año desde la fecha de la factura, el sujeto pasivo debe emitir la nueva factura que rectifique la impagada. 


Hay que tener en cuenta que, desde el 14 de Abril de 2010, cuando el titular del derecho de crédito impagado sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser de seis meses o un año. 


Y en el caso de que el deudor sí este en Concurso, como ya hemos adelantado, la modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo de dos meses contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el número 5 del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, es decir, el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del auto de declaración de concurso. 


En los dos casos hay obligación de expedir y enviar al destinatario de las operaciones una nueva factura o documento donde se rectifique la cuota repercutida.


Así, la modificación podrá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del plazo del año, o de los seis meses, anteriormente indicado, mediante la emisión de otra factura que la rectifique (que se incluirá en la declaración de IVA correspondiente al periodo de la rectificación como un menor importe de IVA repercutido, recuperando así el impuesto ingresado en su día en Hacienda).


En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, el plazo de tres meses para realizar la modificación se computará a partir de la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies de la Ley.


Esta factura rectificativa deberá contener los datos que cualquier otra factura y además: 


Tendrá un número de serie especial. 


Se hará constar su condición de documento rectificativo y "el por qué" de la rectificación realizada. 


Deberá contener los datos identificativos de la factura o documento sustituido, así como la rectificación efectuada. 


Resumiendo, la factura rectificativa de la factura impagada debe incluir los siguientes datos: 


Concepto: Anulación de la cuota de IVA de la factura nº XXX de fecha dd/mm/aaaa, al amparo del Art. 80 de la Ley de I.V.A. vigente. 


Base Imponible = 0 euros. 


Importe del IVA negativo correspondiente a la factura mencionada. 


A modo de ejemplo, podría ser:

factura rectificativa


Paso 3º.- Comunicación a la Administración Tributaria.


La emisión de la nueva factura deberá comunicarse a la Administración Tributaria, en la Delegación o Administración correspondiente al domicilio fiscal de la entidad, en el plazo de un mes. Es decir, debe existir una declaración o comunicación previa.


Habrá de realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, debiendo contener esta comunicación el hecho de la modificación de la base imponible, haciendo constar que la misma no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla.


Deberán aportarse copia de las facturas rectificativas y los documentos que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial o requerimiento notarial al efecto.


En este punto debemos hacer mención expresa a los cambios introducidos por el RD 828/2013, de 25 de octubre, en cuanto a la tramitación ante la Administración Tributaria, y que son los siguientes: 


Se exige al sujeto pasivo, como condición para la modificación de la base imponible, la acreditación de la remisión de la factura rectificativa al destinatario. 


La obligación de comunicación de las modificaciones de bases imponibles, tanto para el acreedor como para el deudor, debe realizarse por medios electrónicos, en un formulario específico disponible en la sede electrónica de la AEAT. 


Los documentos que acompañen la comunicación mencionada por parte del acreedor deberán remitirse a través del registro electrónico de la AEAT. 


A estos efectos, el acreedor deberá hacer constar, en el caso de créditos incobrables, que el deudor no ha sido declarado en concurso o, en su caso, que la factura rectificativa expedida es anterior a la fecha del auto de declaración del concurso.


Y si el deudor se encuentra en situación de concurso de acreedores, y como consecuencia de la aprobación del RD 828/2013, de 25 de Octubre, podemos reseñar: 


Las facturas rectificativas serán también remitidas a las administraciones concursales. El acreedor deberá hacer constar que la factura rectificativa expedida es anterior a la fecha del auto de declaración del concurso. 


Se elimina, de entre los documentos que deben presentarse en la AEAT acompañando a la comunicación de modificación de base imponible, la necesidad de incluir el Auto de la declaración del concurso o la certificación del Registro Mercantil acreditativa. 


El destinatario-concursado deberá incluir en la declaración-liquidación relativa a hechos imponibles anteriores al concurso los ajustes derivados de aquellos supuestos en que éste no tenga derecho a la deducción total del impuesto por la parte de la cuota rectificada no deducible y cuando el periodo de liquidación en que debería efectuarse la rectificación estuviera prescrito. 


Presentado el escrito, si la Administración lo considera correcto no contestará. En caso contrario, efectuará un requerimiento solicitando que se rectifique la minoración de la base imponible. Hay que señalar que en los escritos fuera de plazo, las modificaciones practicadas serán consideradas improcedentes y deberán ser rectificadas en la siguiente declaración periódica que se presente.


La reducción de la base imponible del impuesto obligará al destinatario de la operación a practicar la minoración oportuna del IVA soportado en la declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en que la reciba; de esta forma, el cliente moroso será deudor por la cuota del IVA directamente ante la Administración.


Finalmente, hay que tener en cuenta que una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.


No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.


Para terminar, es importante conocer que los modelos 303 de autoliquidación de IVA (trimestral o mensual) y 390, de resumen anual de IVA, contienen casillas específicas para consignar las bases y cuotas objeto de la modificación comentada.


En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras acciones de impugnación ejercitadas en el seno del concurso: 


El sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de cuotas repercutidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se declaró la operación (Artículo 89.Cinco) 


La minoración de deducciones por parte del adquirente, si estuviese también en situación de concurso, se realizará en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció la deducción. (Artículo 114.Dos.2º, párrafo tercero) 


Y cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1.º, 4.º y 5.º de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.


NOTA: La Ley 7/2012 modificó el artículo 114.Uno.2º LIVA, con la doble finalidad de que el destinatario de las operaciones declarara el ajuste positivo que provoca la factura rectificativa en un periodo anterior a la fecha de la declaración del concurso, de manera que la deuda tributaria derivada del citado ajuste tuviera la calificación a efectos del concurso de "crédito concursal" y de llevar la rectificación al mismo periodo en que el destinatario-concursado se había practicado la deducción.


Puede consultar los modelos de solicitud en el siguiente enlace:


Estos modelos son válidos hasta 31 de Diciembre de 2013. 






A partir del 1 de Enero de 2014, la solicitud se realizará a través de unn formulario específico disponible en la sede electrónica de la AEAT, de conformidad con el RD 828/2013, de 25 de Octubre, que modifica la redacción de los apartado 1 y 2 del Artículo 24 del Reglamento del IVA.


Para cumplimentar el formulario deberá acceder al fichero que hay en el enlace siguiente:



Departamento Juridico y Fiscal de RCR Proyectos de Software.

La información para la elaboración de este comentario es una cortesía del "ASESOR DE GESTIÓN" y de la página web Supercontable.com
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